Nota de la Conferencia Episcopal española
sobre las próximas elecciones generales

1. El próximo día 20 de noviembre estamos todos
convocados a las urnas. Con este motivo, los obispos ofrecemos a los católicos y
a cuantos deseen escucharnos algunas consideraciones que ayuden al ejercicio
responsable del deber de votar. Es nuestra obligación de pastores de la Iglesia
orientar el discernimiento moral para la justa toma de decisiones que afectan a
la realización del bien común y al reconocimiento y la tutela de los derechos
fundamentales, como es el caso de las elecciones
generales.
2. En su discurso sobre los fundamentos del
derecho, pronunciado el mes pasado ante el Parlamento federal de Alemania, el
Papa recordaba que “el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad
un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Se ha
referido, en cambio, a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del
derecho [...], la razón abierta al lenguaje del ser”. Nosotros hacemos nuestras
consideraciones desde ese horizonte de los fundamentos pre políticos del
derecho, sin entrar en opciones de partido y sin pretender imponer a nadie
ningún programa político. Cada uno deberá sopesar, en conciencia, a quién debe
votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este
momento.
3. No se podría hablar de decisiones políticas
morales o inmorales, justas o injustas, si el criterio exclusivo o determinante
para su calificación fuera el del éxito electoral o el del beneficio material.
Esto supondría la subordinación del derecho al poder. Las decisiones políticas
deben ser morales y justas, no sólo consensuadas o eficaces; por tanto, deben
fundamentarse en la razón acorde con la naturaleza del ser humano. No es cierto
que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de
que emanen de organismos políticamente legítimos.
4. En concreto, como ha señalado el Papa en
agosto, aquí en Madrid, la recta razón reconoce que hemos sido creados libres y
para la libertad, pero que no actúan de modo conforme con la verdadera libertad
quienes “creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces y cimientos
que ellos mismos; desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que
es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede
ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar a cada instante un paso al
azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada
momento”.
5. Por todo ello, hemos de llamar de nuevo la
atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no
tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde
su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un
derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida.
Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no
reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de
un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos. Es
necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de
todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley
específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matrimonio estable, que no quede
a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las
partes.
6. La grave crisis económica actual reclama
políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las
personas, que propicien el trabajo para todos. Pensamos en tantas familias,
carentes de los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más básicas.
Pensamos también en el altísimo porcentaje de jóvenes que nunca han podido
trabajar o que han perdido el trabajo y que, con razón, demandan condiciones más
favorables para su presente y su futuro. Son necesarias políticas que favorezcan
la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo bien
hecho, así como una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y
desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas;
que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos,
los enfermos y los inmigrantes.
7. El ordenamiento jurídico debe facilitar el
ejercicio efectivo del derecho que asiste a los niños y jóvenes a ser educados
de modo que puedan desarrollar lo más posible todas sus capacidades. Debe evitar
imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de los padres a
elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. En
cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo. La
presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela estatal
– como asignatura fundamental opcional – es un modo de asegurar los derechos de
la sociedad y de los padres que exige hoy una regulación más adecuada para que
esos derechos sean efectivamente tutelados.
8. Recordamos de nuevo que se reconoce la
legitimidad moral de los nacionalismos o regionalismos que, por métodos
pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del estado español. Y
también, que es necesario tutelar el bien común de la nación española en su
conjunto, evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la
opinión pública por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de
cualquier tipo.
9. Una sociedad que quiera ser libre y justa no
puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como
representante político de ningún sector de la población, dado que el terrorismo
es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión
justa y razonable de la vida.
10. Ante los desafíos que se presentan a la
comunidad internacional, son necesarias políticas guiadas por la búsqueda
sincera de la paz, basadas en el respeto al derecho, nacional e internacional,
así como en la promoción del entendimiento y de la solidaridad entre los pueblos
y las culturas.
Pedimos al Señor de la paz y a su Madre
santísima que iluminen a quienes